El 12 de julio de 1873, una bandera roja apareció en las fortificaciones de Cartagena. No anunciaba la creación de un Estado separado de España, aunque desde Madrid muchos quisieron leerlo así. Era la señal de una rebelión federal: sus promotores querían que los municipios y las regiones se constituyeran en cantones y pactaran después una república común. Durante los meses siguientes, aquella idea se convirtió en una guerra. Cartagena conservó el Arsenal, incorporó a su causa buena parte de la escuadra del Mediterráneo, acuñó moneda y soportó un bombardeo que dejó la ciudad en ruinas. La sublevación terminó el 12 de enero de 1874, pero su eco sigue ligado a las murallas, los castillos y el puerto de la ciudad.
Una República nacida entre guerras
El Cantón Murciano fue hijo de una crisis que venía de lejos. La Revolución Gloriosa de septiembre de 1868 había expulsado a Isabel II y abierto el Sexenio Democrático. La monarquía constitucional buscó una salida en Amadeo de Saboya, pero el asesinato de Juan Prim, su principal valedor, las divisiones entre los partidos, la guerra carlista y la insurrección de Cuba dejaron al nuevo rey sin una base política estable. Amadeo I abdicó el 11 de febrero de 1873. Ese mismo día, las Cortes proclamaron la Primera República.
La República nació sin una constitución propia, con un ejército poco fiable y con cuatro presidentes en apenas once meses. En el campo republicano se enfrentaban dos maneras de llegar al federalismo. Los llamados benévolos, entre ellos Francisco Pi y Margall, defendían la vía parlamentaria: primero había que aprobar una Constitución federal y después organizar el nuevo Estado. Los intransigentes consideraban que esperar equivalía a aplazar la revolución; los municipios y las provincias debían declararse cantones de inmediato y construir la federación desde abajo. La disputa no era una cuestión de vocabulario. En ella chocaban dos concepciones de la soberanía y dos ritmos políticos incompatibles.
Cuando las Cortes avanzaban hacia un proyecto constitucional, los federales intransigentes optaron por la presión armada. El levantamiento comenzó en Cartagena, el punto de la Península donde una junta revolucionaria podía hacerse con recursos militares de primer orden. La ciudad tenía una tradición republicana arraigada, una población vinculada al Arsenal y al trabajo marítimo, y una geografía defensiva excepcional. La bahía estaba protegida por castillos, baterías de costa y una plaza fuerte que dominaba los accesos terrestres.
Cartagena toma el Arsenal y la escuadra
La Junta Revolucionaria se apoderó del Ayuntamiento el 12 de julio y proclamó el Cantón Murciano. La denominación recordaba que el movimiento aspiraba a representar a toda la provincia, no solo a la ciudad portuaria; en la práctica, Cartagena fue desde el principio su capital política y militar. Murcia, Lorca, Águilas y Mazarrón tuvieron episodios de adhesión o colaboración, mientras las expediciones cantonales trataron de extender la insurrección hacia Orihuela, Alicante y otros puntos del Levante.
Dos días después, el Arsenal y la Fuerza Naval del Mediterráneo quedaron en manos de los sublevados. La marinería se sumó a la rebelión y los cantonales dispusieron de buques como las fragatas Almansa y Vitoria, los blindados Numancia, Tetuán y Méndez Núñez, y el vapor Fernando el Católico. La posesión de aquellos barcos alteraba por completo la relación de fuerzas. La Junta ya no era una autoridad municipal atrincherada: controlaba arsenales, artillería, talleres, depósitos y una escuadra capaz de moverse por la costa.
Entre los dirigentes destacaron Antonio Gálvez Arce, Antonete, y el general Juan Contreras. Gálvez había nacido en Torreagüera en 1819, en una familia de labradores, y trabajaba como agricultor. Su trayectoria de conspiraciones, persecuciones y cárceles le había dado una relación directa con los sectores populares de la huerta murciana. Contreras aportó experiencia militar y asumió la dirección de la defensa. La revolución no se sostuvo solo por la autoridad de sus jefes: también dependió de marineros, obreros del Arsenal, milicianos y voluntarios que entendían el federalismo como una forma de soberanía popular.
Un cantón con administración, prensa y moneda
La Junta actuó como un gobierno en guerra. Organizó servicios, movilizó tropas, recaudó contribuciones y mantuvo una administración propia. En la ciudad circuló el periódico El Cantón Murciano, que presentaba la insurrección como el primer paso de una federación española y no como una secesión. Aquella retórica convivía con decisiones de fuerza: las expediciones que salían de Cartagena podían exigir dinero, víveres o materiales a poblaciones que no reconocían la autoridad cantonal.
La pieza más famosa de aquella economía de emergencia fue el duro cantonal. En el Arsenal se acuñaron monedas de cinco pesetas y de otros valores con inscripciones que aludían a la ciudad sitiada y a la revolución. Para obtener metal se recurrió a objetos de plata y a recursos disponibles en el territorio; las máquinas de estampación del Arsenal, pensadas para otros trabajos, sirvieron para producirlas. El duro no demuestra que Cartagena funcionara como un país consolidado. Revela algo más concreto: una autoridad aislada necesitaba pagar jornales, abastecer a sus defensores y convertir los recursos de una base naval en dinero aceptado dentro de la plaza.
La escuadra intentó romper el aislamiento por mar. Sus buques visitaron puertos mediterráneos para buscar adhesiones y recaudar contribuciones; en ocasiones emplearon la amenaza del bombardeo o la incautación. El Gobierno respondió con una medida extraordinaria. El decreto de 20 de julio declaró piratas a las tripulaciones de los buques sublevados y autorizó a las marinas extranjeras amigas a apresarlos. Pocos días después, unidades británicas y alemanas capturaron las fragatas Almansa y Vitoria. La operación dejó claro que el cantón no combatía únicamente contra las tropas de Madrid: también debía sobrevivir en un Mediterráneo vigilado por potencias navales que defendían sus propios intereses.
Del levantamiento general al último bastión
Cartagena no estaba sola al principio. Durante julio y agosto se proclamaron cantones en ciudades de Andalucía, Valencia y otros puntos del litoral mediterráneo. La expansión, con todo, fue breve. Pi y Margall intentó negociar con los insurrectos porque compartía buena parte de su horizonte federal, pero no aceptaba que una sublevación armada sustituyera al proceso constituyente. La caída de Murcia y la presión de los militares hicieron inviable esa vía. Pi dimitió el 18 de julio y Nicolás Salmerón formó un gobierno dispuesto a emplear el ejército.
Salmerón dejó el poder en septiembre tras negarse a firmar penas de muerte. Le sucedió Emilio Castelar, que suspendió las Cortes y dio prioridad a la guerra contra los carlistas y los cantonales. Las demás plazas fueron cayendo. Cartagena quedó aislada, aunque todavía contaba con sus fortificaciones, sus depósitos y una población movilizada. El general José López Domínguez terminó dirigiendo las operaciones gubernamentales contra la ciudad.
La resistencia cartagenera se prolongó porque la plaza no dependía solo de una muralla. Los castillos de Galeras, Atalaya y otros fuertes cubrían la bahía y los accesos, mientras las baterías podían responder desde posiciones elevadas. El puerto permitía recibir noticias y lanzar expediciones, aunque el bloqueo hacía cada vez más difícil conseguir carbón, alimentos y munición. La defensa se convirtió en una apuesta por el tiempo: los cantonales confiaban en que una nueva crisis política, una victoria naval o la aprobación de una Constitución federal reabrieran la guerra.
El bombardeo y la capitulación
El bombardeo comenzó el 26 de noviembre de 1873, bajo el gobierno de Castelar, y continuó hasta la rendición. El Archivo Municipal de Cartagena recoge un cómputo de 27.189 proyectiles lanzados contra la plaza. Las cifras de la época y las reconstrucciones posteriores no describen una ciudad teatralmente sitiada, sino una población civil expuesta durante semanas al fuego de las baterías. Familias enteras buscaron refugio en sótanos, iglesias y edificios militares; las viviendas, los templos y las dependencias públicas sufrieron daños graves.
Los episodios finales muestran hasta qué punto se había agotado la defensa. El 30 de diciembre, un incendio dejó fuera de combate a la fragata Tetuán. El 6 de enero, un proyectil alcanzó los almacenes de pólvora del Parque de Artillería. La explosión destruyó buena parte del edificio y causó más de cuatrocientos muertos, en su mayoría civiles refugiados bajo sus bóvedas. Cuatro días más tarde, los cantonales entregaron el castillo de la Atalaya, que dominaba la población. Con las municiones y las provisiones al límite, la Junta aceptó negociar.
La capitulación se firmó el 12 de enero de 1874. Al día siguiente, las tropas de López Domínguez entraron en una ciudad castigada por el fuego. Algunos dirigentes escaparon por mar. Antonete Gálvez huyó a Argelia y regresó años después a España; siguió defendiendo el republicanismo hasta su muerte en 1898. La República, por su parte, había quedado herida antes incluso de la caída de Cartagena: el 3 de enero, el general Manuel Pavía había entrado en el Congreso y disuelto las Cortes. El régimen continuó bajo el general Serrano, pero ya no era la República parlamentaria que los cantonales esperaban transformar.
La memoria posterior redujo muchas veces el episodio a una caricatura de desorden local. Esa lectura no explica por qué una ciudad pudo poner en jaque a un Gobierno, ni por qué trabajadores del Arsenal, marineros y republicanos de procedencias diversas se reconocieron en una idea federal que circulaba por el Mediterráneo y por el mundo atlántico. Tampoco conviene convertir la experiencia en una democracia sin contradicciones: hubo coerción, requisas y bombardeos contra poblaciones que rechazaron sus exigencias.
El Cantón Murciano fue una revolución derrotada, no un país frustrado. Su programa pretendía cambiar la forma de España; su fracaso ayudó a consolidar la imagen de la Primera República como sinónimo de desorden y facilitó el retorno de la monarquía en diciembre de 1874. En Cartagena quedó una lección más incómoda. Las ideas políticas no viven separadas de los arsenales, los salarios, las rutas marítimas y la capacidad de una ciudad para defenderse. Durante medio año, todos esos elementos se alinearon allí y permitieron que un proyecto federal, nacido en las Cortes, se ensayara desde una plaza sitiada.
