El 24 de septiembre de 1810, los diputados llegaron a la iglesia mayor de San Pedro y San Pablo después de asistir a misa. Luego cruzaron las calles de la Isla de León, la población que hoy conocemos como San Fernando, hasta el Teatro Cómico de la Real Villa. No era un palacio parlamentario: era un edificio de espectáculos adaptado a las urgencias de una guerra. A pocos kilómetros, las tropas napoleónicas cerraban el cerco sobre Cádiz. Dentro, una asamblea que todavía juraba fidelidad a Fernando VII iba a declarar que el poder ya no pertenecía al rey, sino a la nación.
La escena fue pintada décadas más tarde por José Casado del Alisal y convertida en una imagen fundacional del constitucionalismo español. El cuadro resume bien la tensión de aquel día: sotanas, uniformes y levitas reunidos bajo una misma ceremonia, pero con ideas distintas sobre el país que debía salir de la guerra.
Una monarquía sin rey
La reunión no se entiende sin la crisis abierta en 1808. La entrada de las tropas francesas, las abdicaciones de Bayona y la entrega de la Corona a José Bonaparte rompieron la cadena de mando de la monarquía. Carlos IV y su hijo Fernando habían cedido sus derechos bajo presión de Napoleón; para muchos españoles, aquel acto no podía producir una legitimidad nueva. El levantamiento del 2 de mayo en Madrid y las insurrecciones posteriores dieron paso a juntas locales que gobernaban en nombre del monarca ausente.
La Junta Suprema Central intentó convertir esa resistencia dispersa en un gobierno. Lo hizo mientras los ejércitos franceses avanzaban y mientras llegaban noticias contradictorias desde las provincias y desde América. El 1 de enero de 1810 convocó Cortes, pero la derrota militar y la caída de Sevilla obligaron a trasladar el poder hacia el extremo atlántico. A finales de enero, la Junta cedió sus funciones a un Consejo de Regencia de cinco miembros. La Regencia heredó una tarea imposible: dirigir la guerra, administrar los territorios que aún obedecían a la Corona y convocar una representación que no se pareciera a las Cortes estamentales del Antiguo Régimen.
Cádiz era el refugio menos malo. Su puerto mantenía abiertas las comunicaciones con Gran Bretaña y con los dominios americanos; sus defensas y su posición insular dificultaban un asalto directo. La ciudad y la vecina Isla de León quedaron bajo presión francesa desde febrero de 1810 hasta agosto de 1812, pero nunca fueron ocupadas. En ese espacio reducido se concentraron soldados, comerciantes, funcionarios, refugiados, marinos, impresores y políticos. La guerra no desapareció de sus calles. Se convirtió en el ruido de fondo de una revolución jurídica.
El primer día: jurar al rey, reconocer a la nación
La apertura tuvo un ceremonial religioso y monárquico. Los diputados juraron conservar la religión católica, defender la nación española y liberar a Fernando VII de su cautiverio. El texto del juramento no anunciaba una república ni una guerra contra la Corona. La asamblea se presentaba como depositaria de la legitimidad mientras el rey estaba ausente, no como sustituta definitiva de la monarquía.
La ruptura apareció en los acuerdos que siguieron. Diego Muñoz Torrero defendió que las Cortes estaban legítimamente constituidas y que en ellas residía la soberanía nacional. Los diputados reconocieron a Fernando como rey legítimo, pero declararon nulas las renuncias de Bayona y rechazaron que Napoleón pudiera disponer de la Corona. En la misma sesión aprobaron la separación de los poderes y reservaron a las Cortes el ejercicio legislativo. La fórmula tenía una precisión política enorme: el rey seguía existiendo, pero ya no era la fuente única de la ley.
El primer presidente fue Ramón Lázaro de Dou, canónigo catalán y jurista. La composición del grupo estaba lejos de ser homogénea. Había eclesiásticos, abogados, profesores, militares, nobles y representantes del estado llano. Unos querían recuperar las antiguas leyes de la monarquía; otros pensaban en una carta constitucional de inspiración británica; los más audaces pretendían construir un Estado nuevo. La palabra «liberal» todavía no designaba un partido organizado. En Cádiz empezó a nombrar una forma de entender la autoridad.
La elección tampoco fue limpia ni normal. La ocupación francesa impedía que muchas provincias eligieran a sus representantes y las distancias hacían imposible que otros llegaran a tiempo. Por eso se recurrió a diputados suplentes escogidos entre los residentes en Cádiz. El procedimiento permitió abrir la asamblea, aunque dejó una huella duradera: la nación se proclamaba representada antes de que todos sus territorios hubieran podido elegir con normalidad.
Una nación para dos hemisferios
El problema de la representación se volvía más áspero cuando se miraba hacia América. La crisis de la monarquía no afectaba solo a la península. En 1810 ya había juntas y movimientos de autonomía en distintos territorios americanos, mientras la Regencia intentaba mantener la unidad imperial. Las Cortes incorporaron diputados de Ultramar y discutieron si los territorios americanos eran colonias administradas desde Europa o provincias que formaban parte de la misma nación.
La Constitución promulgada el 19 de marzo de 1812 definió la nación española como la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Era una declaración ambiciosa. Convertía el imperio en una comunidad política transatlántica y reconocía que sus habitantes debían aparecer en el nuevo orden representativo. La práctica fue más estrecha. La elección de diputados americanos resultó desigual por las distancias, la guerra y el control de las comunicaciones; la población de origen africano quedó fuera de la ciudadanía constitucional en condiciones que sus representantes denunciaron; y muchos diputados ultramarinos defendieron una autonomía provincial que chocaba con el proyecto centralizador de la mayoría peninsular.
Ese conflicto no fue un asunto lateral. En los debates sobre quién podía contar como ciudadano se decidía qué significaba la palabra nación. Los liberales gaditanos querían acabar con los privilegios jurídicos de los estamentos y con la soberanía personal del monarca, pero no estaban dispuestos a aceptar todas las consecuencias de una igualdad política aplicada al conjunto del imperio. Cádiz fue, al mismo tiempo, un laboratorio de ciudadanía y el escenario donde quedaron expuestos los límites coloniales de esa ciudadanía.
Mientras discutían estos asuntos, las Cortes desmontaron piezas del Antiguo Régimen. Aprobaron la libertad política de imprenta en noviembre de 1810, suprimieron los señoríos jurisdiccionales y abolieron la Inquisición en 1813. No todos esos decretos se aplicaron de forma estable, pero alteraron la relación entre la autoridad, la propiedad y la ley. Los habitantes dejaron de ser definidos únicamente por su pertenencia a un estamento o a un señorío; pasaron a ser, al menos en el lenguaje legal, españoles sometidos a una norma común.
La Constitución de 1812 ordenó ese programa en un texto de 384 artículos. Estableció una monarquía constitucional, unas Cortes unicamerales y un sistema de elección masculina indirecta en varios grados. El rey conservaba el poder ejecutivo y un veto suspensivo, pero sus actos debían someterse a reglas y responsabilidad ministerial. La soberanía nacional ocupaba el lugar que antes había correspondido a la soberanía regia. El texto no incluía una declaración de derechos al estilo de otras constituciones y mantuvo la confesionalidad católica del Estado. Su modernidad convivía con exclusiones muy concretas.
Una victoria breve, una huella larga
La guerra terminó antes de que el nuevo sistema pudiera asentarse. Cuando Fernando VII regresó en 1814, encontró una parte de las élites dispuesta a restaurar el absolutismo. El 4 de mayo anuló la Constitución y los decretos de las Cortes. La experiencia gaditana quedó interrumpida, sus protagonistas fueron perseguidos o marcharon al exilio y la monarquía volvió a gobernar como si los años de Cádiz hubieran sido una anomalía.
No lo fueron. El pronunciamiento de Rafael del Riego obligó al rey a jurar la Constitución en 1820 y abrió el Trienio Liberal. El texto volvió a circular, se leyó en ayuntamientos y se convirtió en bandera política. En 1836 reapareció durante otra crisis de la monarquía. Fuera de España, su influencia alcanzó el constitucionalismo portugués, los movimientos liberales italianos y varias repúblicas americanas. En los territorios que se separaban de la Corona, sus fórmulas sirvieron tanto de referencia como de adversario: ofrecía una manera de hablar de ciudadanía, representación y soberanía, aunque no resolviera la desigualdad imperial que había contribuido a la ruptura.
Por eso el 24 de septiembre de 1810 merece algo más que una mención en el calendario. Aquel día no nació una democracia en el sentido actual, ni desaparecieron de golpe la guerra, la censura o el imperio. Lo que cambió fue la pregunta que organizaba la política. Ya no bastaba con saber quién heredaba el trono. Había que decidir quién podía representar a la nación, qué límites debía tener el rey y qué derechos correspondían a quienes vivían bajo la misma ley. En el escenario provisional de un teatro, mientras los cañones franceses vigilaban la bahía, empezó una disputa que tardaría décadas en encontrar una forma estable.
