La noche del 14 al 15 de septiembre de 1935, dos juristas del Ministerio del Interior alemán, Wilhelm Stuckart y Bernhard Lösener, seguían despiertos en el bar de un hotel de Núremberg. Sobre tarjetas de menú y cualquier papel que tenían a mano, iban redactando a mano el borrador de una ley que en pocas horas cambiaría la condición legal de cientos de miles de personas. Fuera, la ciudad retumbaba con el ruido del séptimo congreso del partido nazi: antorchas, desfiles militares, un Hitler exaltado ante decenas de miles de seguidores. Dentro de aquel bar, dos funcionarios trabajaban contra el reloj porque el Führer había decidido, esa misma tarde, que necesitaba una ley de ciudadanía nueva y la quería lista para el día siguiente.
Stuckart y Lösener llevaban ya dos días en Núremberg. Habían viajado para terminar otro encargo, la llamada Ley de Protección de la Sangre, que cerraron pasada la medianoche del 14 de septiembre. Fue entonces cuando les avisaron de que Hitler exigía además un segundo texto legal, sobre la ciudadanía del Reich, para presentarlo esa misma noche ante un Reichstag convocado de urgencia. No hubo comisiones, ni debate parlamentario real, ni el proceso pausado que suele acompañar a una reforma legal de este calado. Hubo dos hombres cansados, un bar de hotel y una fecha límite impuesta desde arriba.
El congreso de Núremberg y la orden de última hora
Desde 1933, los congresos anuales del partido nazi en Núremberg servían como gran puesta en escena del régimen: desfiles multitudinarios, arquitectura monumental de Albert Speer y discursos pensados para la propaganda y el cine. El de 1935, el séptimo, se había anunciado como el «Congreso de la Libertad», en referencia a la recuperación del rearme alemán tras el Tratado de Versalles. Nada en el programa oficial anticipaba que aquellos días quedarían en la historia, sobre todo, por dos leyes raciales.
Una sesión del Reichstag convocada sin apenas aviso
Hitler decidió aprovechar la reunión, con el partido en pleno y la prensa internacional ya presente, para presentar como logro del congreso una legislación que llevaba tiempo debatiéndose en los despachos del régimen sin materializarse. El 15 de septiembre por la noche, los diputados del Reichstag —todos ellos miembros del NSDAP, ya que el resto de partidos habían sido disueltos o prohibidos— aprobaron por unanimidad tres leyes: la de la bandera, que convertía la esvástica en símbolo oficial del Estado, y las dos leyes raciales que hoy se conocen conjuntamente como Leyes de Núremberg.
Dos leyes, una ciudadanía dividida en categorías
El texto más corto y, a la vez, más determinante fue la Ley de Ciudadanía del Reich. Establecía que solo podía ser ciudadano del Reich quien fuera «de sangre alemana o afín» y demostrara, con su conducta, voluntad de servir lealmente al pueblo alemán. El resto de la población pasaba a la categoría de «súbdito del Estado», sin derechos políticos. En la práctica, la ley no mencionaba la palabra «judío» en su articulado original, pero su propósito no dejaba lugar a dudas: excluir a la población judía de la ciudadanía plena.
La Ley de Ciudadanía del Reich
La ambigüedad inicial se resolvió dos meses después. El 14 de noviembre de 1935 se publicó un reglamento complementario que definía con precisión burocrática quién era judío a efectos legales: bastaba con tener tres o cuatro abuelos pertenecientes a la comunidad religiosa judía. Con menos abuelos judíos, una persona podía quedar clasificada como «mestiza» (Mischling) de primer o segundo grado, una categoría intermedia que generó incertidumbre legal para decenas de miles de alemanes que hasta entonces no se habían identificado como judíos, incluidos numerosos conversos al cristianismo.
La Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemanes
La segunda norma, la que Stuckart y Lösener habían cerrado horas antes, prohibía el matrimonio y las relaciones sexuales entre judíos y alemanes «de sangre afín», bajo la acusación de «profanación de la raza» (Rassenschande). También prohibía a los judíos emplear en su servicio doméstico a mujeres alemanas menores de 45 años y les vetaba mostrar la bandera nacional o los colores del Reich. Quien incumpliera estas disposiciones se exponía a penas de prisión, y en los años siguientes los tribunales especiales aplicaron la ley con dureza creciente, incluso contra parejas que llevaban casadas décadas.
De la teoría racial a la vida diaria
Las Leyes de Núremberg no llegaron de la nada. Desde 1933, el régimen ya había excluido a los judíos de la función pública, de determinadas profesiones liberales y de las universidades mediante decretos sueltos. Lo que aportó la legislación de septiembre de 1935 fue un marco jurídico unificado y estable, algo que los ideólogos raciales del partido llevaban reclamando desde hacía tiempo. A partir de ese momento, la discriminación dejó de depender de órdenes administrativas dispersas y pasó a apoyarse en un cuerpo legal coherente, publicado en el Reichsgesetzblatt, el boletín oficial del Estado alemán.
Las consecuencias se notaron enseguida en la vida cotidiana. Los judíos alemanes perdieron el derecho al voto, quedaron excluidos de cargos públicos y vieron cómo se les retiraban pasaportes y documentos con las mismas garantías que a un ciudadano de pleno derecho. Muchos negocios y locales de ocio, sin que la ley lo exigiera de forma explícita, empezaron a colgar carteles que anunciaban «prohibida la entrada a judíos», anticipando o directamente rebasando lo que la norma establecía. El propio Bernhard Lösener, uno de sus redactores, describiría años después en un relato de posguerra el ambiente de urgencia y confusión de aquellas jornadas, aunque su testimonio también sirvió para que se presentara, de forma discutida, como un funcionario técnico ajeno a la ideología que estaba poniendo por escrito.
Un modelo que se exportó fuera de Alemania
La influencia de las Leyes de Núremberg no se quedó dentro de las fronteras alemanas. En los años siguientes, varios países aliados o dependientes de la Alemania nazi copiaron total o parcialmente su estructura legal: Italia en 1938 con sus leyes raciales fascistas, Hungría, Rumania, Eslovaquia, Croacia y el régimen de Vichy en Francia, ya avanzada la guerra. En todos los casos, el patrón se repitió: primero una definición legal de quién era judío según criterios de ascendencia, después la retirada progresiva de derechos civiles y económicos.
Lo que distingue a las Leyes de Núremberg de otras medidas antisemitas de la época, anteriores y posteriores, es precisamente su función de bisagra. No fueron el primer acto de persecución del régimen nazi ni, desde luego, el último, pero sí el momento en que la discriminación racial dejó de ser una práctica tolerada para convertirse en obligación legal del Estado alemán. Esa diferencia explica por qué los fiscales aliados, al preparar los juicios de Núremberg en 1945 y 1946, señalaron estas dos leyes como una de las piezas centrales para demostrar que el genocidio judío no fue un estallido de violencia improvisada, sino el resultado de una escalada administrada paso a paso, con papeleo, reglamentos y firmas de funcionarios de carrera.
Entre 1935 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, las leyes raciales siguieron ampliándose con nuevos reglamentos hasta culminar en la Noche de los Cristales Rotos de noviembre de 1938 y, más adelante, en las deportaciones masivas y la Conferencia de Wannsee de enero de 1942, donde altos cargos nazis coordinaron los detalles logísticos de lo que llamaron «la solución final». El camino desde una tarjeta de menú garabateada en un bar de Núremberg hasta las cámaras de gas de Auschwitz no fue lineal ni inevitable, pero cada uno de esos pasos legales sirvió de precedente para el siguiente.
Los documentos originales firmados aquella noche de 1935 tuvieron, además, un destino curioso. Guardados primero en los archivos del Reich en Potsdam y luego trasladados a Núremberg, el alcalde de la ciudad los puso a salvo en bancos durante los bombardeos aliados de 1943. En abril de 1945, agentes de contrainteligencia estadounidenses los encontraron en una cámara acorazada de Eichstätt, junto a joyas de la familia del coronel Stauffenberg, y se los entregaron al general Patton. Acabaron depositados en la biblioteca Huntington de California, que no los cedió a los Archivos Nacionales de Estados Unidos hasta 2010, setenta y cinco años después de que dos abogados exhaustos las redactaran de madrugada pensando, probablemente, que solo estaban cumpliendo un encargo administrativo más.
