A las cinco de la tarde del 11 de octubre de 1899 expiró el ultimátum enviado por el Gobierno de la República Sudafricana, el Transvaal, a Gran Bretaña. Exigía la retirada de las tropas británicas concentradas en las fronteras y de los refuerzos llegados desde junio. Londres no cedió. Al día siguiente, los ejércitos del Transvaal y del Estado Libre de Orange cruzaron las fronteras de Natal y de la colonia del Cabo. La segunda guerra anglo-bóer había comenzado.
En Gran Bretaña se esperaba una campaña breve contra dos repúblicas de agricultores. Duró casi tres años, obligó a movilizar recursos de todo el imperio y terminó con decenas de miles de civiles muertos en campamentos. Su desenlace tampoco resolvió la cuestión que había llevado a la guerra: quién tendría el poder en Sudáfrica y bajo qué condiciones. La paz de 1902 reconcilió a buena parte de la población blanca con Londres, mientras dejaba a la mayoría africana al margen del nuevo Estado.
El oro detrás del ultimátum
La disputa venía de lejos. Los bóeres —descendientes de colonos neerlandeses y de otros europeos establecidos en el interior— habían levantado dos repúblicas independientes después de alejarse de la autoridad británica del Cabo. El Transvaal y el Estado Libre de Orange no eran sociedades igualitarias: dependían del trabajo africano y sostenían un orden racial rígido. Su conflicto con Londres no fue una lucha limpia entre libertad y tiranía, sino una pugna imperial en la que todos los poderes blancos defendían proyectos distintos sobre una población africana sometida.
La primera guerra bóer, entre 1880 y 1881, terminó con una derrota británica y la recuperación de la autonomía del Transvaal. El equilibrio se rompió cuando en 1886 se descubrió oro en el Witwatersrand. La fiebre minera hizo crecer Johannesburgo y atrajo a miles de trabajadores y empresarios anglófonos, conocidos por los bóeres como uitlanders, extranjeros. Pagaban impuestos, sostenían la nueva economía y carecían de derechos políticos plenos: el Gobierno del Transvaal exigía largos años de residencia para concederles ciudadanía.
El 9 de octubre de 1899, el Transvaal presentó su ultimátum. No era una declaración de guerra en sentido formal, pero dejaba poco espacio para el compromiso. Al expirar dos días después, la crisis diplomática se convirtió en una guerra abierta. La fecha recuerda también una paradoja: el conflicto fue presentado en Europa como un choque entre un gran imperio y unos granjeros armados, aunque su trasfondo estaba en las minas, los ferrocarriles, la soberanía territorial y el control de la mano de obra.
Una guerra que Londres esperaba ganar rápido
Los bóeres tomaron la iniciativa. Sus comandos eran milicias de ciudadanos, montadas y familiarizadas con el terreno del veld. Muchos llevaban rifles Mauser y vestían ropa de campaña sin uniforme llamativo. No buscaban ocupar grandes capitales británicas, sino moverse con rapidez, elegir el momento del disparo y retirarse antes de que la artillería y la infantería enemigas pudieran organizarse.
En las primeras semanas cercaron Kimberley, Mafeking y Ladysmith, nudos de comunicaciones cuya defensa tenía un valor militar y propagandístico enorme. En diciembre de 1899, el ejército británico sufrió tres derrotas en pocos días: Stormberg, Magersfontein y Colenso. La prensa bautizó aquel episodio como la «Semana Negra». La sorpresa no procedía solo de las bajas. La guerra revelaba que las tácticas empleadas contra enemigos coloniales mal armados no servían frente a una fuerza pequeña que utilizaba rifles modernos, posiciones ocultas y movilidad.
La respuesta británica fue una operación imperial. Llegaron unidades de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otras partes del imperio; también se recurrió a trabajadores, porteadores y exploradores africanos. El National Army Museum calcula que más de 400.000 soldados terminaron implicados en la campaña. El relevo de Redvers Buller por Frederick Roberts y la concentración de fuerzas cambiaron el curso de la guerra durante 1900. Las tropas británicas aliviaron los asedios, ocuparon Bloemfontein y Pretoria y forzaron a Kruger a marchar al exilio.
La caída de las capitales no significó la rendición. Louis Botha, Christiaan de Wet y Jan Smuts conservaron fuerzas móviles y transformaron el conflicto en una campaña de emboscadas contra trenes, telégrafos y columnas aisladas. En vez de una victoria final, Londres había obtenido el control de las ciudades y de las líneas férreas mientras perdía el dominio del campo.
De la conquista a la guerra de guerrillas
La fase de guerrillas obligó a los británicos a cambiar de método. El ejército construyó una red de fortines, o blockhouses, unidos por líneas de alambre de espino y teléfonos. Las patrullas montadas rastreaban a grupos que conocían cada granja, cada paso y cada fuente de agua. El ferrocarril, el telégrafo y la cartografía adquirieron un peso que anunciaba la guerra industrial del siglo XX; también lo hizo la capacidad de un ejército para vigilar una región entera y cortar sus movimientos.
Para privar a los comandos de alimentos, caballos, información y refugio, las tropas británicas incendiaron miles de granjas, destruyeron cosechas y confiscaron ganado. La medida no afectó únicamente a combatientes. Familias bóeres enteras fueron expulsadas de sus casas y trasladadas a campamentos; las comunidades africanas sufrieron operaciones paralelas, con desplazamientos y recintos separados. La política de tierra quemada convirtió el paisaje rural en un arma y a la población civil en el terreno donde se libraba la guerra.
El cambio tuvo un coste militar y moral. Al principio, los campamentos se administraron con pocos recursos, mala alimentación, agua insuficiente y atención médica escasa. Las epidemias de sarampión, tifus y otras enfermedades se extendieron con rapidez. Las estimaciones varían según los registros y la forma de clasificar a los internados, pero las instituciones británicas y sudafricanas sitúan en torno a 26.000-28.000 las muertes de mujeres y niños bóeres. En los campamentos destinados a africanos negros murió también una cifra que suele calcularse alrededor de 15.000 personas.
Los civiles en el centro del conflicto
El sistema de campamentos no nació como un plan de exterminio, sino como una herramienta de contrainsurgencia: retirar a las familias para que los guerrilleros no pudieran recibir ayuda. Esa distinción explica su origen, no sus consecuencias. La combinación de hacinamiento, hambre, enfermedades y mala administración produjo una catástrofe que la opinión pública británica ya no pudo ignorar cuando comenzaron a circular informes, cartas y fotografías.
La enfermera y activista cuáquera Emily Hobhouse visitó varios recintos en 1901 y documentó la situación de las familias. Su campaña contribuyó a que el Parlamento exigiera una investigación y a que la administración civil sustituyera al ejército en la gestión. Las condiciones mejoraron después, aunque miles de personas habían muerto. En Gran Bretaña, el escándalo rompió el consenso imperial: Henry Campbell-Bannerman resumió la denuncia liberal con la expresión «métodos de barbarie».
La memoria de los campamentos suele contar la guerra como una tragedia de los afrikáneres, y lo fue. También puede ocultar a quienes quedaron fuera de los relatos nacionales posteriores. La población africana no fue un espectador inmóvil: trabajó para ambos bandos, actuó como guía, explorador o porteador, fue reclutada en unidades auxiliares y padeció confiscaciones, desplazamientos y detenciones. El acuerdo tácito inicial de no armar a los africanos se quebró cuando la campaña se alargó. El conflicto fue, por tanto, una guerra entre el Imperio británico y dos repúblicas bóeres, pero también una guerra librada sobre sociedades africanas que no decidieron sus términos.
La paz que dejó una herencia desigual
El 31 de mayo de 1902, los representantes bóeres aceptaron el Tratado de Vereeniging. Las repúblicas perdían la soberanía y reconocían al monarca británico, a cambio de una futura autonomía limitada, ayuda para la reconstrucción y garantías para el uso del neerlandés junto al inglés. Los negociadores bóeres habían perdido la guerra, pero conservaron margen para reconstruir una comunidad política blanca. La cuestión del sufragio africano quedó aplazada.
Esa cláusula pesó más que muchas disposiciones militares. En 1910, el Acta de Sudáfrica reunió el Cabo, Natal, el Transvaal y el Estado Libre de Orange en la Unión de Sudáfrica. Louis Botha, antiguo comandante bóer, se convirtió en su primer ministro, con Jan Smuts como una de las figuras centrales del Gobierno. La reconciliación entre británicos y afrikáneres se edificó sobre una ciudadanía desigual: solo el Cabo mantenía una forma limitada de voto para algunos hombres no blancos, mientras el nuevo Parlamento quedaba en manos de la minoría blanca.
La guerra dejó otras huellas. El ejército británico revisó su instrucción, su administración y sus tácticas después de enfrentarse a un enemigo móvil que había puesto en evidencia sus defectos. El uso sistemático del caqui, los fortines, el teléfono de campaña y las unidades montadas formó parte de ese aprendizaje. La experiencia imperial no anticipó por sí sola la Primera Guerra Mundial, pero sí alimentó debates sobre la preparación militar, la propaganda y los límites de la conquista colonial.
El 11 de octubre de 1899 no fue el comienzo de una leyenda de granjeros heroicos ni el capítulo aislado de una rivalidad anglo-neerlandesa. Fue el punto de entrada a una guerra por el oro, el territorio y la soberanía que terminó transformando la relación entre las comunidades blancas y el Imperio británico. Cuando la Unión nació en 1910, la guerra ya había terminado; su orden político, en cambio, acababa de empezar. La paz cerró los frentes y dejó abierta la pregunta que la mayoría africana tardaría décadas en poder plantear con fuerza: quién tenía derecho a formar parte de Sudáfrica.
