El calor húmedo de Filadelfia ya había cedido un poco cuando, la mañana del 17 de septiembre de 1787, un grupo de hombres cansados entró por última vez en la sala este del edificio del Estado de Pensilvania. Llevaban desde mayo encerrados allí, con las ventanas tapiadas incluso en pleno verano para que nadie escuchara sus discusiones. Ese día iban a firmar un documento que ni ellos mismos estaban seguros de que fuera a funcionar.
La Convención Constitucional no había nacido para redactar una Constitución nueva. El encargo original era mucho más modesto: revisar los Artículos de la Confederación, el pacto que unía a los trece estados desde la independencia. Pero ese pacto hacía aguas. El Congreso no podía cobrar impuestos, no podía regular el comercio entre estados y carecía de autoridad para hacer cumplir sus propias leyes. Massachusetts acababa de sofocar una rebelión de granjeros endeudados, la de Daniel Shays, sin apenas ayuda federal. Para Madison, Hamilton y Washington, aquello era la prueba de que la unión se estaba desmoronando.
Cuatro meses de secreto en el Salón de la Independencia
Delegados de doce de los trece estados llegaron a Filadelfia desde mediados de mayo (Rhode Island se negó a enviar a nadie, temiendo perder su autonomía). George Washington, con el prestigio intacto de haber ganado la guerra y renunciado voluntariamente al mando, fue elegido presidente de la Convención por unanimidad. Apenas intervino en los debates; su papel era otro, el de garantizar con su sola presencia que aquello no era una conspiración.
El trabajo de fondo recayó en otros. James Madison, delegado de Virginia, llegó con un plan casi completo bajo el brazo y tomó notas detalladas de cada sesión, notas que hoy siguen siendo la fuente principal para saber qué se dijo realmente en aquella sala. Alexander Hamilton, por Nueva York, defendió un gobierno central mucho más fuerte del que finalmente se aprobó. Y Benjamin Franklin, con 81 años y la salud tan deteriorada que apenas podía caminar, aportaba algo distinto: autoridad moral y la costumbre de rebajar la tensión con una frase oportuna cuando las discusiones se atascaban.
El pulso entre estados grandes y pequeños
El punto que casi hace saltar la Convención por los aires fue la representación en el nuevo Congreso. Virginia, con mucha población, proponía que los escaños se repartieran según el número de habitantes de cada estado. New Jersey, mucho más pequeño, exigía un voto igual para todos los estados, como bajo los Artículos de la Confederación. Las semanas de julio se llenaron de amenazas veladas de que la unión se rompería si no había acuerdo.
La salida, conocida como el Gran Compromiso o Compromiso de Connecticut, creó dos cámaras: una Cámara de Representantes proporcional a la población y un Senado con dos escaños por estado, sin importar su tamaño. Fue una solución de ingeniería política más que de principios, y precisamente por eso funcionó: nadie salía plenamente satisfecho, pero nadie se marchaba de la mesa.
Dentro de ese mismo compromiso se coló uno de los puntos más oscuros del documento. Para calcular la población a efectos de representación, los estados del sur exigieron que las personas esclavizadas contaran, aunque no tuvieran derechos ni voz. Se fijó la conocida cláusula de los tres quintos: cada persona esclavizada sumaría como tres quintos de un habitante libre a la hora de repartir escaños e impuestos entre los estados. Los delegados también acordaron no tocar el comercio de esclavos antes de 1808, aplazando dos décadas un problema que no resolvieron y que acabaría estallando en la guerra civil setenta años después.
El último discurso de Benjamin Franklin
Llegado el 17 de septiembre, el texto ya estaba cerrado. Franklin, demasiado débil para leer en voz alta ante la sala, entregó su discurso escrito a James Wilson para que lo pronunciara por él. En él admitía sin rodeos sus propias dudas: «Confieso que hay varias partes de esta Constitución que en este momento no apruebo, pero no estoy seguro de que nunca vaya a aprobarlas.» Y añadía una pregunta que resumía su pragmatismo: dudaba de que cualquier otra convención que pudieran reunir fuera capaz de redactar una Constitución mejor que aquella.
No era un halago vacío. Franklin sabía que el documento resultante era un remiendo de concesiones, no un tratado filosófico perfecto, y pedía a los presentes que aceptaran sus propios errores de juicio en favor de la unanimidad. Su intervención empujó a varios indecisos a firmar.
Tres firmas que faltaron
No todos cedieron. Edmund Randolph y George Mason, ambos de Virginia, y Elbridge Gerry, de Massachusetts, se negaron a estampar su nombre. Randolph temía que el nuevo gobierno central acabara degenerando en tiranía; Mason exigía una declaración de derechos que protegiera al ciudadano frente al Estado, algo que el texto no incluía; Gerry compartía ambas objeciones. Su negativa no fue un gesto menor: anticipó, con años de adelanto, el debate que estuvo a punto de hundir la ratificación.
Al final, de los 41 delegados presentes esa jornada, 38 firmaron el documento. George Read estampó además su nombre en representación de John Dickinson, de Delaware, ausente por enfermedad, con lo que el total de firmas subió a 39. William Jackson, secretario de la Convención, certificó la autenticidad del texto. Hecho esto, la Convención se disolvió sin fecha de reunión futura.
Cuenta una anécdota, recogida por el propio Madison, que al salir del edificio una mujer preguntó a Franklin qué clase de gobierno habían creado, monarquía o república. Franklin respondió: «Una república, si son capaces de conservarla.» La frase, breve y sin adornos, resumía mejor que cualquier discurso el margen de incertidumbre con el que terminaba la Convención.
Nueve estados para que el papel se convirtiera en gobierno
Firmar en Filadelfia era solo el primer paso. El propio texto establecía que necesitaba la ratificación de nueve de los trece estados para entrar en vigor, y ese proceso desató un debate público mucho más ruidoso que el que había tenido lugar a puerta cerrada. Los partidarios del nuevo texto, los federalistas, se enfrentaron a los antifederalistas, que veían en él la semilla de un poder central tan opresivo como el que acababan de combatir en la guerra de independencia.
Para ganar ese debate, Hamilton, Madison y John Jay escribieron bajo el seudónimo conjunto de «Publius» una serie de 85 ensayos en la prensa de Nueva York, publicados entre octubre de 1787 y mayo de 1788, defendiendo artículo por artículo el diseño del nuevo gobierno. Hoy se conocen como los Papeles Federalistas y siguen siendo consultados por juristas y tribunales como guía para interpretar la intención original de los redactores.
El precio de la ratificación: una promesa de derechos
El estado de Massachusetts encontró la fórmula que desbloqueó el proceso: ratificar el texto tal cual estaba, pero acompañando la ratificación de una lista de enmiendas recomendadas para proteger derechos individuales. Otros estados siguieron ese modelo de «ratificar ahora, corregir después». El 21 de junio de 1788, New Hampshire se convirtió en el noveno estado en ratificar, con lo que la Constitución entró formalmente en vigor. Virginia y Nueva York, decisivos por su peso económico y demográfico, la ratificaron pocas semanas después, ya sabiendo que la aprobación era inevitable.
La promesa se cumplió. Madison, ya como congresista, presentó diecisiete enmiendas en 1789; el Congreso remitió doce a los estados, y diez de ellas, ratificadas el 15 de diciembre de 1791, se convirtieron en la Carta de Derechos. Ahí quedaron recogidas la libertad de expresión, de prensa, de religión y las garantías judiciales que Mason había reclamado en vano en Filadelfia, cuatro años antes de morir sin llegar a firmar el documento que las incorporaría.
Un documento pensado para durar poco y que sigue vigente
Lo llamativo, visto con perspectiva, es que ninguno de los presentes en aquella sala esperaba que su texto sobreviviera intacto más de unas décadas. Franklin lo dejó dicho: dudaba de que fuera perfecto y confiaba en que se corrigiera con el tiempo. Y sin embargo la Constitución de Estados Unidos, con veintisiete enmiendas en dos siglos y medio, sigue siendo la más antigua todavía en vigor de cualquier país del mundo, muy por delante de las constituciones francesas o españolas, reescritas por completo varias veces desde entonces.
Lo que la hizo perdurar no fue tanto su redacción original como su capacidad de absorber contradicciones sin romperse: un Senado que premia a los estados pequeños conviviendo con una Cámara que premia a los grandes, un presidente con poder de veto pero sin poder de legislar, un poder judicial que con el tiempo se atribuyó la última palabra sobre qué es y qué no es constitucional, algo que el texto original ni siquiera mencionaba explícitamente y que el propio tribunal supremo se otorgó en 1803, en el caso Marbury contra Madison. Comparada con la Constitución francesa de 1791, derogada apenas un año después por la propia Revolución que la había alumbrado, la resistencia del texto de Filadelfia resulta casi anómala.
Esa misma flexibilidad explica también sus zonas más oscuras y duraderas. La cláusula de los tres quintos y el aplazamiento del fin de la trata de esclavos no fueron un descuido, sino el precio explícito que los delegados del norte pagaron para mantener unidos a los trece estados. Ese pacto, cerrado en una sala sin ventanas abiertas en pleno verano de 1787, tardaría otros setenta y ocho años y una guerra civil en desmontarse del todo, y sus efectos sobre la representación política y racial en Estados Unidos siguen citándose en debates legales actuales.
Cuando hoy se visita el Independence Hall de Filadelfia, con la campana de la Libertad expuesta a pocos metros, resulta fácil olvidar que lo que allí se firmó no era un texto sagrado ni definitivo, sino un compromiso incómodo entre hombres que discrepaban en casi todo menos en la urgencia de no separarse. La república que Franklin dijo que habían creado, condicionada desde el primer día a que alguien supiera conservarla, cumple ya más de dos siglos poniendo a prueba esa condición.
