En 1783, cuando Francisco de Goya pintó a José Moñino y Redondo, el conde de Floridablanca ya no era un funcionario más de la corte. El ministro aparece de pie, con los anteojos en la mano y el gesto de quien examina un expediente. Sobre la mesa se acumulan papeles; al fondo cuelga el retrato de Carlos III. La escena resume una forma de poder: un rey que decide y un jurista que convierte decisiones dispersas en órdenes, cuentas, obras y nombramientos.
Entre 1777 y 1788, Floridablanca dio dirección común al programa reformista de Carlos III. No fue autor de cada medida ni gobernó solo: en América trabajaron José de Gálvez y otros ministros, y en la península Campomanes, Aranda y numerosos funcionarios. La aportación de Moñino fue ensamblar el conjunto: hacer que el comercio sirviera a la Hacienda, que los territorios pudieran contarse y que las secretarías actuaran con un criterio compartido.
Un jurista de Murcia en el corazón de la Corona
José Moñino nació en Murcia el 21 de octubre de 1728. Estudió en el seminario de San Fulgencio y se graduó en Leyes en la Universidad de Orihuela. En 1748 marchó a Madrid, ejerció la abogacía y recibió encargos del Consejo de Castilla. Carlos III le concedió honores de alcalde de Casa y Corte en 1763; tres años más tarde, después del motín contra Esquilache, lo nombró fiscal del Consejo Real.
El fiscal defendió las regalías de la Corona, es decir, la capacidad del rey para intervenir en asuntos temporales que la Iglesia había considerado propios. Trabajó junto a Pedro Rodríguez de Campomanes y participó en la ofensiva contra la Compañía de Jesús. La expulsión de los jesuitas se produjo en 1767, cuando Moñino aún era fiscal. Su papel más personal llegaría después.
En 1772 Carlos III lo envió como ministro plenipotenciario a Roma. Allí presionó a Clemente XIV hasta obtener el breve de supresión de la Compañía de Jesús, fechado el 21 de julio de 1773. El rey le concedió ese año el título de conde de Floridablanca. La corte confiaba en un hombre capaz de negociar con la Santa Sede, leer el derecho y defender la autoridad monárquica sin estridencias.
Regresó a la política a finales de 1776, tras la dimisión de Grimaldi. Una Real Provisión de 1777 confirmó su titularidad de la Secretaría del Despacho de Estado. Desde allí dirigió la política exterior, pero pronto intervino también en Hacienda, obras públicas, comercio, correos, justicia y nombramientos. Esa mezcla de asuntos explica su influencia y las críticas de quienes vieron en él a un primer ministro demasiado poderoso.
Reformar un imperio era conocerlo
El problema de Carlos III no consistía en embellecer Madrid. La monarquía incluía la península, las islas atlánticas, territorios americanos y posesiones asiáticas separados por enormes distancias. La guerra, el contrabando y las comunicaciones lentas reducían el rendimiento del conjunto. La respuesta borbónica buscó una administración más directa, más dinero para la defensa y un comercio capaz de alimentar arsenales y manufacturas.
En Indias, la reforma no salió de una sola mesa. José de Gálvez había recorrido Nueva España como visitador y, desde la Secretaría de Indias, impulsó nuevos criterios de recaudación y gobierno. La Real Ordenanza de 4 de diciembre de 1786 organizó Nueva España en intendencias —el texto preveía doce, sin incluir las Californias— y dio a esos funcionarios competencias en Hacienda, guerra, justicia y policía. Floridablanca no fue su autor único, pero la medida encajaba en la operación que él coordinaba: llevar la autoridad de la Corona hasta los territorios y reducir la dependencia de intermediarios locales.
En la península, el recuento de la población convirtió esa voluntad de conocer en un documento concreto. Una Real Orden de 25 de julio de 1786 mandó elaborar el censo que hoy llamamos de Floridablanca. Se ejecutó en 1787 con datos de intendencias, corregimientos y ayuntamientos, y sus resultados se prepararon hasta 1788.
El paso administrativo más ambicioso llegó el 8 de julio de 1787. Carlos III creó la Junta Suprema de Estado, formada por los secretarios del Despacho, y la acompañó con una Instrucción reservada. Debía examinar asuntos que afectaran a varios departamentos, resolver disputas de competencias y proponer una acción común. No era un parlamento: era gobierno colegiado dentro de una monarquía absoluta. Para Floridablanca convirtió su ascendiente personal en coordinación; para sus rivales, confirmó que se había colocado por encima de los demás.
Comercio, Hacienda y caminos para sostener la Corona
La reforma necesitaba más circulación de mercancías y una Hacienda capaz de capturar parte de ese movimiento. El llamado comercio libre con América no abolió el monopolio imperial, pero amplió los puertos autorizados. Una cédula de 1778 extendió el tráfico desde puertos habilitados de España, Mallorca y Canarias hacia Buenos Aires, con entrada en las provincias interiores, y hacia varios puertos del Perú y Chile. La Real Compañía de Filipinas y otras compañías privilegiadas completaron la política: el Estado relajaba obstáculos, pero conservaba la dirección del sistema.
En 1782 nació el Banco Nacional de San Carlos. El proyecto lo presentó Francisco de Cabarrús por medio de Floridablanca; la real cédula le asignó funciones como sostener los vales reales, facilitar operaciones comerciales y atender suministros de las fuerzas armadas. El banco emitió billetes desde el 1 de marzo de 1783. No era un banco central actual, sino una herramienta de la Hacienda y de la guerra, nacida cuando el crédito de la monarquía necesitaba respaldo.
El dinero debía traducirse en rutas. Se mejoraron correos y postas, se impulsaron caminos y se financiaron canales de riego y navegación. El Canal Imperial de Aragón condensaba esa ambición: llevar agua, facilitar el transporte y hacer productivas zonas enteras. En el famoso retrato de Goya, Floridablanca aparece asociado a un plano del canal; la obra pública se convierte en emblema de una política que quería que el territorio rindiera más.
La misma lógica alcanzó a las sociedades económicas de amigos del país, los jardines botánicos, los gabinetes científicos y los proyectos de enseñanza. Muchas instituciones habían nacido antes o dependían de otros ministros, de modo que atribuirlas todas a Floridablanca falsearía el proceso. Su mérito estuvo en proteger esa red e incorporarla a una idea de gobierno: conocer mejor para producir más, formar funcionarios y hacer visible la capacidad de la Corona.
Diplomacia y los límites de las Luces
La política exterior condicionaba cada reforma. Floridablanca quería conservar el vínculo con Francia y Nápoles, pero desconfiaba de una victoria francesa que dejara a España expuesta. También recelaba de Gran Bretaña, rival naval y dueña de Gibraltar. Su ideal era el equilibrio: una España con margen para negociar, no una potencia convertida en satélite.
Ese cálculo se quebró en 1779, cuando la Convención de Aranjuez llevó a España a la guerra contra Inglaterra. La Paz de Versalles de 1783 devolvió Menorca y las Floridas a la soberanía española, aunque Gibraltar quedó en manos británicas. Para Floridablanca, el resultado fue una ganancia territorial y una factura militar. La guerra mostró que un imperio reformado necesitaba barcos, tropas, crédito y comunicaciones; cada éxito exterior podía agrandar la deuda que el Banco de San Carlos intentaba sostener.
La experiencia americana tuvo otra consecuencia. La Corona había ayudado a los rebeldes de las Trece Colonias para debilitar a Gran Bretaña, pero observaba con inquietud el lenguaje de la independencia. El reformismo de Carlos III quería súbditos más productivos y administraciones eficaces, no territorios capaces de discutir la soberanía del rey.
El mismo gobierno que patrocinaba censos, expediciones y obras hidráulicas temía la circulación incontrolada de ideas. La Revolución francesa de 1789 cambió el tono de la política española. Floridablanca impulsó un cordón sanitario en la frontera y endureció la vigilancia de noticias y escritos. Las malas cosechas, la crisis económica y el temor a la agitación desgastaron su posición. Carlos III había muerto en 1788; Carlos IV lo mantuvo un tiempo, pero en 1792 Floridablanca cayó del poder, fue apartado y trasladado a la ciudadela de Pamplona.
Su trayectoria no encaja en la imagen cómoda del ministro ilustrado que conduce a España hacia la modernidad. Quiso mejorar la administración y abrir circuitos comerciales, pero para reforzar una monarquía que no aceptaba representación política. Promovió el conocimiento del territorio y vigiló la palabra pública. La reforma podía cambiar los instrumentos del poder, no su origen.
El legado de un Estado que aprendió a mirarse
Floridablanca no transformó el Imperio español en un Estado nacional ni resolvió las rivalidades entre la corte, los ministros y las élites americanas. Sí dejó una manera más sistemática de gobernarlo. El censo, la Junta de Estado, el banco, los caminos y las intendencias pertenecían a mundos distintos, pero respondían a una misma pregunta: cómo hacer gobernable una monarquía extendida por dos océanos.
Ahí reside su legado. No fue el arquitecto solitario de las obras del reinado, sino el funcionario que intentó ensamblarlas en un programa de poder. En el cuadro de Goya, el plano que recibe no es una promesa abstracta: es la imagen de un imperio convertido en expediente. Mientras el conde lo estudia, Carlos III observa desde la pared. Entre ambos queda resumido el reformismo borbónico: mucha razón administrativa, bastante ambición y muy poco espacio para que los gobernados decidieran el rumbo.
