El 21 de septiembre de 1792 no hubo coronación, juramento dinástico ni ceremonia solemne de transmisión del poder. En la sala del Manège, un antiguo picadero situado junto al palacio de las Tullerías, los diputados de la recién elegida Convención Nacional aprobaron una frase seca: la monarquía quedaba abolida en Francia. El rey seguía vivo, pero ya no era rey; estaba encerrado con su familia en la torre del Temple.
La decisión no cayó del cielo. Dos días antes, un ejército francés había frenado en Valmy el avance prusiano que amenazaba la Revolución. Un mes antes, la insurrección del 10 de agosto había derribado en la práctica el trono. La sesión del 21 de septiembre dio forma jurídica a una ruptura que llevaba años madurando. Su alcance se entiende mejor si se observa la secuencia completa: la corona perdió su autoridad, la guerra puso a prueba al nuevo poder y una asamblea tuvo que convertir la soberanía de la nación en un Estado.
La crisis de una corona constitucional
Cuando Luis XVI subió al trono en 1774, la monarquía francesa conservaba un aparato de poder enorme y una hacienda exhausta. Las reformas fiscales fracasaron ante la resistencia de los privilegiados, mientras el coste de la rivalidad con Gran Bretaña —incluida la ayuda francesa a los insurgentes norteamericanos— agravaba la deuda. La convocatoria de los Estados Generales en mayo de 1789 abrió una crisis que dejó de ser financiera para convertirse en una disputa sobre quién podía legislar y en nombre de quién.
La toma de la Bastilla, la abolición de los privilegios feudales durante la noche del 4 de agosto y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano cambiaron el lenguaje político. La nación dejó de aparecer como una comunidad de súbditos reunida alrededor de una persona y empezó a presentarse como el origen de la ley. Todavía cabía una salida monárquica: la Constitución de 1791 conservó al rey, aunque sometido a una asamblea y a un veto suspensivo.
La fuga a Varennes, en junio de 1791, hizo mucho más difícil esa convivencia. Luis XVI intentó alcanzar la frontera y fue detenido antes de reunirse con las fuerzas que podían protegerle. Aunque regresó a París y aceptó la Constitución, para muchos ciudadanos el episodio probaba que el monarca no se identificaba con la revolución que decía encarnar. La desconfianza se mezcló con el temor a una intervención extranjera: los hermanos del rey habían emigrado y varias cortes europeas observaban los acontecimientos de Francia como una amenaza para el orden monárquico.
La guerra aceleró la ruptura. La Asamblea Legislativa declaró la guerra a Austria en abril de 1792; Prusia se sumó después a la coalición. Las primeras operaciones fueron desastrosas para Francia. La emigración de numerosos oficiales nobles, la indisciplina y la falta de coordinación alimentaron los rumores de traición en la corte. Cuando el manifiesto del duque de Brunswick amenazó a París con represalias si se dañaba a la familia real, la sospecha adquirió una forma que los revolucionarios podían leer como una declaración de guerra contra la propia capital.
El 10 de agosto, insurrectos parisinos y federados llegados de otros departamentos atacaron las Tullerías. La familia real se refugió en la Asamblea Legislativa; los defensores suizos del palacio fueron vencidos y la autoridad del rey quedó suspendida. Aquel día terminó la monarquía constitucional de 1791, pero faltaba todavía el acto que la eliminara del orden jurídico. La Convención que debía redactar nuevas instituciones fue convocada precisamente para llenar ese vacío.
Valmy: el margen que necesitaba la revolución
La nueva asamblea nació bajo una presión militar difícil de exagerar. A comienzos de septiembre, las tropas prusianas habían tomado Longwy y Verdún y se acercaban a las rutas que conducían a París. En la capital cundió el miedo a que los invasores liberaran a los presos contrarrevolucionarios y restauraran la monarquía. Las matanzas de septiembre, cometidas entre el 2 y el 6 de septiembre en varias cárceles, mostraron hasta qué punto la guerra exterior y el conflicto político se habían fundido en una misma crisis.
El 20 de septiembre, cerca de la aldea de Valmy, el ejército francés dirigido por François-Christophe Kellermann y Charles-François Dumouriez se interpuso ante las fuerzas prusianas del duque de Brunswick. La batalla no fue una gran maniobra de caballería. Hubo un prolongado intercambio de artillería, un avance prusiano que no llegó a convertirse en asalto general y una retirada de Brunswick. En términos tácticos, el combate fue menos concluyente de lo que sugeriría su fama posterior; en términos políticos, bastó para impedir que el ejército aliado siguiera avanzando hacia el corazón de Francia.
Valmy dio a los diputados el tiempo que necesitaban. La revolución no había derrotado a las monarquías europeas, pero tampoco había sido aplastada por ellas. La victoria se convirtió pronto en una memoria fundadora: un ejército que mezclaba tropas de línea, voluntarios y soldados de muy distinta experiencia había defendido la posibilidad misma de un régimen sin rey. Al día siguiente, la Convención podía reunirse sin hacerlo bajo la sombra inmediata de una capitulación.
El decreto del 21 de septiembre
La Convención Nacional había sido elegida en septiembre mediante un sistema que por primera vez en Francia reconocía el sufragio universal masculino. La fórmula no debe confundirse con una democracia moderna: la elección era indirecta, la participación real fue limitada y las mujeres seguían excluidas de los derechos políticos. Aun así, el principio de representación había cambiado de escala. Ya no se trataba de reformar una monarquía desde sus propios órganos, sino de decidir qué régimen podía hablar en nombre de la nación.
Los 749 convencionales que se reunieron en París no formaban un bloque. Los girondinos defendían una revolución republicana con mayor autonomía para los departamentos y una política de guerra que extendiera su influencia; los montañeses, vinculados a los jacobinos y los cordeleros, reclamaban un poder más centralizado y veían enemigos dentro del país; en el centro se sentaba la Llanura o el Marais, un grupo numeroso cuyo apoyo podía inclinar cada votación. Las etiquetas de derecha e izquierda nacieron en aquel espacio, aunque sus posiciones todavía no eran partidos estables en el sentido actual.
En la sala del Manège, los diputados no discutieron una fórmula de compromiso. La Convención decretó por unanimidad que la realeza quedaba abolida en Francia. El texto era breve y no ofrecía un programa social ni una constitución terminada. Su fuerza estaba en retirar del derecho la institución que había organizado el Estado durante siglos. Luis XVI dejó de ser el depositario de la soberanía; la asamblea asumía la tarea de construir un orden nuevo.
Conviene distinguir tres fechas que a menudo se mezclan. La insurrección del 10 de agosto derribó el poder efectivo del rey. El decreto del 21 de septiembre suprimió la realeza como institución. El 22 de septiembre, la Convención ordenó que los actos públicos se fecharan como pertenecientes al año I de la República; el 25 declaró la República «una e indivisible». La república existía ya como hecho político, pero esos pasos le dieron una cronología y una definición jurídica.
La precisión no es un detalle de calendario. Revela que los revolucionarios no sustituyeron una corona por un régimen acabado en una sola jornada. Tuvieron que inventar la relación entre representación, soberanía popular y poder ejecutivo mientras libraban una guerra. La primera constitución republicana, aprobada en 1793, ni siquiera llegó a aplicarse en condiciones normales: la Convención suspendió su entrada en vigor y gobernó bajo instituciones de emergencia.
Una república nacida bajo presión
El decreto modificó el lugar de la legitimidad. Bajo la monarquía, el Estado se articulaba alrededor de una dinastía que afirmaba reinar por derecho histórico y religioso. Desde septiembre de 1792, la nación podía presentarse como sujeto político capaz de retirar ese mandato. Esa idea no quedó confinada a Francia. Las guerras revolucionarias llevaron por Europa debates sobre ciudadanía, representación y soberanía, aunque también ejércitos de ocupación y nuevas formas de dominación.
La República tuvo que resolver de inmediato la cuestión del antiguo rey. La Convención juzgó a Luis XVI, que pasó a ser llamado Luis Capeto, y lo condenó a muerte en enero de 1793. La decisión cerró la posibilidad de una reconciliación con la familia real y endureció el conflicto con las potencias europeas. Dentro del país, la guerra, la crisis de subsistencias y las rebeliones empujaron a la asamblea hacia un gobierno excepcional. La Convención atravesó después la hegemonía montañesa, la dictadura revolucionaria, la reacción termidoriana y el Directorio. No fue una línea recta desde la abolición de la monarquía hasta una democracia estable.
La restauración monárquica de 1814 y 1815 demostró que la ruptura no había hecho irreversible el régimen republicano. Tampoco pudo devolver a Francia al mundo anterior a 1789. La palabra república, la soberanía nacional y la igualdad civil siguieron siendo referencias con las que tuvieron que medirse las monarquías posteriores. La fecha del 21 de septiembre importa por esa tensión: no señala el nacimiento instantáneo de una libertad sin límites, sino el momento en que una asamblea declaró que ningún linaje podía situarse por encima de la nación.
